La ecuación económica de los productores vitivinícolas de Mendoza atraviesa un punto crítico: con los precios de la uva prácticamente congelados desde hace tres años y los costos de producción en aumento, el primer eslabón de la cadena acumula dificultades para sostener la actividad.
La consecuencia: el escenario ya no solo compromete la rentabilidad de las fincas, sino también su continuidad.
La advertencia llegó por parte de Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), quien aseguró que parte de los productores se encuentra al límite de sus posibilidades económicas.
“Estamos en el umbral de un proceso terminal de muchos productores”, sostuvo, y alertó sobre las consecuencias que podría tener el abandono de explotaciones agrícolas en el empleo y la economía de las localidades productivas.
Uno de los principales problemas está en la brecha entre los ingresos y los gastos de producción. Según detalló Córdoba, las uvas comunes se comercializan entre $220 y $230 por kilo, valores que se mantienen desde hace tres años, mientras que los costos productivos ya superan los $400 por kilo.
A esa diferencia se suman los aumentos en las tarifas eléctricas, los agroquímicos y otros insumos indispensables para el mantenimiento de los viñedos. Con este panorama, los productores llegan a la antesala de la vendimia 2027 con escaso margen financiero para afrontar las labores culturales, la cosecha y sus obligaciones corrientes.
“Una finca que se pierde es muy difícil recuperarla”, remarcó el dirigente, quien puso el foco en el impacto que la crisis del productor primario puede generar sobre otros sectores. Comercios, servicios, trabajadores rurales, oficios vinculados al campo y actividades turísticas forman parte de una cadena económica que depende de la continuidad de la producción vitícola.
A la crisis de rentabilidad se suma la preocupación por las condiciones climáticas de cara a la próxima cosecha. Córdoba anticipó que las heladas registradas y el escenario de lluvias y humedad podrían provocar mermas importantes en los volúmenes de producción y afectar la calidad de las uvas.
“Vamos a tener mermas considerables porque arrastramos heladas y las lluvias lavan los productos que se aplican con mucho esfuerzo”, explicó. También advirtió sobre las dificultades que podría generar el fenómeno de El Niño para las tareas de cosecha y el estado sanitario de los viñedos.
La combinación de menores rendimientos, precios que no acompañan la evolución de los costos y dificultades para conseguir financiamiento configura un escenario especialmente complejo. Para los productores que ya arrastran deudas, una cosecha menor podría profundizar los problemas económicos.
Ante esta situación, la AVM comenzó a trabajar con entidades de otras provincias para fortalecer la posición de los productores en la comercialización. En particular, Córdoba convocó a asociaciones y viñateros de San Juan a coordinar criterios y establecer valores de referencia para actividades como la producción de pasas y mosto.
El planteo apunta a construir una posición común entre las dos principales provincias vitivinícolas del país y mejorar las condiciones de negociación del sector primario.
“Los productores no piden dádivas, piden herramientas para continuar con su actividad”, remarcó Córdoba.
Frente a este escenario, la Asociación de Viñateros presentó ante la Cámara de Diputados de Mendoza una nota con observaciones al proyecto de alivio fiscal que se encuentra en tratamiento. La entidad reclama medidas de impacto directo sobre los costos y las obligaciones que enfrenta el sector.
Córdoba planteó la necesidad de reducir impuestos, disminuir los gastos burocráticos y revisar los costos de los procesos judiciales que afectan a los productores. Como ejemplo, mencionó que renunciar a un derecho de agua subterránea puede representar un desembolso superior a los $800.000.
También reclamó que se eviten los cortes de suministro eléctrico y de agua de riego por falta de pago, y que las prestadoras de servicios y el Departamento General de Irrigación habiliten planes de facilidades a mediano plazo, con tasas que no superen el 1,8% mensual.
El otro eje del pedido es el acceso al crédito. Para la AVM, la situación configura una emergencia agropecuaria que requiere herramientas financieras específicas, especialmente para cubrir capital de trabajo y los gastos necesarios para llegar a la cosecha.
“Necesitamos financiamientos accesibles para llegar a la cosecha que viene”, sostuvo Córdoba.
Entre las alternativas, propuso subsidiar tasas de interés para que los productores puedan acceder a préstamos con condiciones acordes a la realidad de la actividad, sin requisitos que resulten prácticamente imposibles de cumplir.
La comercialización es otro de los puntos que preocupa a los viñateros. Desde la asociación advierten que actualmente muchos productores entregan su uva sin contar con condiciones comerciales equilibradas, ya que quedan sujetos al precio y a los plazos de pago que establece quien recibe la producción.
Córdoba señaló que todavía existen productores que no cobraron la uva entregada en febrero, una situación que profundiza los problemas de liquidez y limita la capacidad de afrontar los gastos de la siguiente temporada.
Frente a esto, la entidad propone avanzar en contratos de compraventa de uva y en una mesa de concertación de precios, con participación del Gobierno provincial como garante y costos de producción elaborados por el INTA.
El objetivo es establecer referencias que permitan equilibrar la negociación entre productores y bodegas, con reglas más previsibles para ambas partes. Córdoba mencionó como referencia los modelos de Francia, Italia y España, donde existen mecanismos de articulación para la comercialización de la producción vitivinícola.
El reclamo de los viñateros también se extiende a la discusión sobre el modelo económico que busca desarrollar Mendoza. En un contexto en el que la minería gana protagonismo en la agenda provincial, Córdoba pidió que ese crecimiento no implique relegar a las actividades agrícolas tradicionales.
“Entiendo que pueda existir la voluntad de desarrollar la minería, pero eso nunca puede implicar abandonar al campo”, afirmó.
En esa línea, cuestionó la falta de protagonismo que, según su mirada, tiene la vitivinicultura en las discusiones recientes del Gobierno provincial.
Para la AVM, la definición de una política productiva debe contemplar las distintas economías regionales que se desarrollan en el Este, el Valle de Uco, el Norte y el Sur provincial. La actividad vitivinícola, además de su peso exportador y su identificación con Mendoza, sostiene empleo y movimiento económico en buena parte del territorio.
En ese marco, la asociación manifestó su respaldo a un proyecto de ley que trabaja la Federación Económica de Mendoza sobre el destino de las regalías mineras, petroleras y de hidrocarburos. La iniciativa busca que parte de esos recursos se destinen al desarrollo de actividades productivas permanentes.