“Manifestamos nuestra preocupación por la implementación de nuevos cargos aplicados al tránsito de camiones en el partido de Ramallo (Buenos Aires), y advertimos sobre las consecuencias que esta medida puede generar sobre las actividades productivas, comerciales y logísticas de la región”, señaló este martes la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Así comienza el comunicado que dio a conocer a través de las redes sociales y en el que apuntó contra la intención de ese municipio del norte bonaerense de imponer una suerte de tasa -sin contraprestación alguna- a cada camión que circule por el denominado Acceso Sánchez, un tramo de aproximadamente cinco kilómetros que constituye una vía estratégica para la conexión entre la Ruta Nacional 9, establecimientos productivos, industrias y áreas portuarias.
Cabe recordar que fue la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) la que el viernes pasado encendió las alertas, al informar su decisión de presentar una denuncia administrativa por este tema ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.
Según FADEEAC, a través de la Licitación Pública 3/25, el Municipio de Ramallo adjudicó a la empresa Plus Byte SRL la instalación de dos pórticos tecnológicos en el ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez), y la normativa municipal proyecta cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico (TAG).
De acuerdo con FADEEAC, este esquema representa un costo por kilómetro 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, y se suma a la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna cobra en las estaciones de servicio locales desde enero.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, advirtió Cristian Sanz, presidente de la entidad transportistas.
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Ahora, la Sociedad Rural consideró que “cualquier mecanismo que incremente de manera significativa el costo del transporte debe ser analizado con especial atención cuando recae sobre corredores que resultan esenciales para el movimiento de la producción”.
Al respecto, la entidad que conduce Nicolás Pino recordó que, en el caso de la actividad agropecuaria, los mayores costos logísticos terminan impactando sobre toda la cadena, desde el traslado de insumos y granos hasta el acceso a terminales, plantas industriales y puertos.
“La producción agropecuaria argentina enfrenta permanentemente elevados costos de transporte y logística. Por eso, desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que las decisiones de los distintos niveles de gobierno deben orientarse a facilitar la circulación de bienes, mejorar la infraestructura y evitar la creación de cargas que deterioren aún más la competitividad de las economías regionales y de las cadenas productivas”. agregó la SRA.
Y completó: “Acompañaremos las gestiones institucionales que correspondan para que esta situación sea revisada y se preserve el normal funcionamiento de las actividades productivas y comerciales de la región”.
En su presentación, FADEEAC también fundamentó que la medida configura una doble imposición tributaria e inconstitucional que viola la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548) y la Ley Nacional de Combustibles (Ley 23.966).
Al no existir una contraprestación directa de servicio ni una afectación específica de los fondos -los cuales ingresan en un 100% a las arcas municipales y se reparten en un 50% con el concesionario privado-, la entidad solicitó al Ministerio de Economía que pida una medida cautelar de suspensión inmediata ante la Justicia, replicando las acciones promovidas por el Estado Nacional contra otros municipios como Tres de Febrero, San Isidro, San Martín y Morón.
Según los Pliegos de Bases y Condiciones, la concesión otorgada por 20 años obliga al privado al mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación.
“Sin embargo, la recaudación proyectada supera de manera desproporcionada cualquier costo de conservación vial”, se quejó FAEEAC.
La Federación advirtió además que la medida encendió las alarmas de más de un centenar de empresas de transporte e industrias dadoras de carga de la zona.
A través de una carta enviada a FADEEAC y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), los empresarios remarcaron que la ubicación del puesto de control sobre el Acceso Sánchez ahoga el único corredor habilitado para el tránsito pesado hacia complejos industriales estratégicos y el Puerto de San Nicolás.
Según estimaciones de las firmas afectadas, el costo anual del gravamen se ubicaría entre los $100 y $500 millones por empresa, lo que absorbe directamente sus márgenes operativos y pone en riesgo la continuidad de las operaciones logísticas en la región.
A esto se suma el temor por la aplicación de esquemas sancionatorios arbitrarios, como multas o decomiso de mercadería a las unidades que no adhieran al sistema.
“El verdadero riesgo no es solo este gravamen local, sino el precedente de habilitar una red de barreras económicas municipales superpuestas, sin coordinación ni límite”, remarcaron las empresas, motivo por el cual FADEEAC reitera la necesidad de lograr la suspensión inmediata del sistema y la derogación de la ordenanza municipal.