Antes de 2008, en pleno “boom” de la soja, quienes transitaban por las rutas argentinas solían encontrarse frecuentemente con un paisaje: el cultivo sembrado al costado de las carreteras, incluso hasta cerca de las banquinas.
Tan rentable era el negocio de sembrar y cosechar, que se recurría a zonas de acceso público, con los riesgos que ello conlleva.
Luego de 2008, en plena pelea entre el campo y el Gobierno, los permisos necesarios para poder realizar este tipo de implantaciones fueron suspendidos, además de que por el efecto de las altas retenciones ya no fue tan negocio implantar soja en cualquier lado.
Pero ahora, dos proyectos que se están debatiendo en el Congreso buscan rehabilitar esta posibilidad.
Según informó la Fundación Barbechando, que sigue la actividad legislativa vinculada al agro tanto en Diputados como en el Senado, en las últimas horas comenzaron a debatirse en la Comisión de Transporte de la Cámara Baja dos propuestas que habilitan, bajo permisos y condiciones específicas, el uso productivo de superficies adyacentes a las rutas nacionales.
Las iniciativas pertenecen a Javier Sánchez Wrba (PRO) y Agustina Propato (UXP), quienes estiman que podrían recuperarse unas 50.000 hectáreas para producción agrícola.
“Los proyectos apuntan a aprovechar superficies que hoy pueden encontrarse sin uso productivo, a través de permisos precarios y onerosos, manteniendo las condiciones necesarias para la circulación y el mantenimiento de las rutas”, destaca Barbechando.
En este marco, aclara que un punto central es que no propone sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas de seguridad vial.
Puntualmente, como se mencionó, las iniciativas parten de revertir la prohibición que hoy rige en sembrar en esos espacios que, durante años fue una práctica habitual, hasta que una resolución de 2008 dejó sin efecto el régimen que permitía otorgar permisos para la siembra, cultivo y cosecha.
De los proyectos se desprenden que el potencial de incrementar la producción nacional no es menor.
De acuerdo con una estimación incorporada al proyecto, si se consideraran aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal en las zonas productivas y se tomara como referencia una Red Vial Nacional de unos 40.000 kilómetros, el universo potencial podría alcanzar unas 50.000 hectáreas que podrían sumarse a los cultivos anuales.
Barbechando sumó que el debate también tiene antecedentes fuera del ámbito nacional, ya que en distintas jurisdicciones existen normas que permiten compatibilizar el uso vial con determinados usos productivos regulados.
“Un caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires, donde la Ley N.º 10.342, de 1985, habilita a los municipios a otorgar permisos de uso precario sobre franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial”, cita la Fundación.
De hecho, existen experiencias municipales en las que se avanzó con este tipo de utilización bajo normativa provincial y local, como el caso de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con el proyecto de Javier Sanchez Wrba, los productores frentistas tendrían prioridad para acceder, mediante el pago de un canon, a los permisos de uso productivo de las franjas adyacentes a la calzada -tierras que hoy en día son de dominio público- para poder producir.
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Con respecto al destino de los fondos que se recauden vía el permiso, sólo existe una diferencia instrumental: por parte del PRO el destino es el mantenimiento de la Red Vial Nacional, mientras que la propuesta de UXP tiene un fin social y cooperativo.
“La discusión que comienza ahora en el Congreso plantea, así, una pregunta concreta: ¿es posible generar actividad productiva y recursos para el mantenimiento vial en tierras linderas a las rutas sin comprometer la seguridad? Ambas propuestas buscan responder que sí, siempre que exista regulación, control y delimitación precisa de las superficies autorizadas”, cierra Barbechando.