La Mesa de Enlace de Córdoba le reclamó a los legisladores de esa provincia que avancen en el debate de los diversos proyectos de ley que plantean la eliminación de un tributo muy cuestionado por el costo que demanda y la nula contraprestación que se recibe al respecto: las denominadas “guías ganaderas”.
Se trata de una tasa que cobran numerosos municipios y que, en general, se paga en función de la hacienda que es trasladada a través de los ejidos urbanos, pero sin que las autoridades comunales ofrezcan algún servicio al respecto.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias cordobesa recordó que, el 4 de marzo pasado, el legislador Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley elaborado a partir del trabajo conjunto con el agro, orientado a poner fin al cobro de tasas o cargos municipales y comunales vinculados a la intervención de los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
A este proyecto se sumaron otras iniciativas legislativas complementarias, entre ellas la presentada por el legislador Matías Gvozdenovich, “todas con el mismo objetivo: corregir una situación que desde hace años genera preocupación y malestar entre los productores ganaderos de la provincia”, agregó el ruralismo cordobés.
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Sin embargo, la Mesa advirtió que “hasta el momento, ninguna de estas propuestas ha recibido el tratamiento que la problemática requiere”.
“Pese a los reiterados planteos realizados por productores, sociedades rurales de base, cooperativas y entidades representativas del sector, y pese al ejemplo de numerosos intendentes y jefes comunales que comprendieron la legitimidad del reclamo y eliminaron estos cobros, la Comisión de Agricultura de la Legislatura de Córdoba, presidida por Mariano Ceballos Recalde, aún no ha avanzado en el tratamiento de los proyectos presentados”, se quejaron los representantes del campo cordobés.
En este marco, consideraron que “resulta imprescindible una decisión política que otorgue una solución definitiva a esta situación”.
Y subrayaron que “es tiempo de reconocer y respaldar a aquellos intendentes y jefes comunales que administran con responsabilidad, transparencia y apego a los valores republicanos, entendiendo que no corresponde cobrar tasas o cargos cuando no existe una contraprestación efectiva para el productor”.
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“Asimismo, resulta necesario poner fin a mecanismos recaudatorios que trasladan costos injustificados a quienes producen, invierten y generan desarrollo en el interior de Córdoba. Cuando se cobra sin brindar un servicio real a cambio, se desnaturaliza el concepto mismo de tasa y se termina afectando la competitividad del sector productivo”, concluyeron.