Especial para Infocampo
Los tiempos en los que los sectores ambientalistas cuestionaban el uso de granos, como la soja o el maíz, para hacer biocombustibles, han quedado enterrados por la realidad.
Es que la creciente productividad de la agricultura en combinación con un aletargamiento del crecimiento demográfico lleva a que hoy haya más oferta de granos y subproductos que demanda.
En ese contexto, y por varias razones adicionales, fundamentalmente de carácter geopolítico, los grandes países productores de oleaginosas han avanzado en el uso de aceites vegetales para la elaboración de combustible renovable. Tanto Indonesia, como Brasil y los Estados Unidos van en esa línea.
Ahora bien, la Argentina fue en sentido contrario, bajando el modesto corte de biodiésel en el gasoil del 10% a otro más modesto del 7,5% y ahora buscando retornarlo a la situación original, mediante el proyecto oficial que en las próximas horas comenzará a debatirse en el Congreso.
Como principal exportador mundial de aceite de soja, en este rubro sin competencia (no como sucede con la harina) las decisiones que la Argentina tome en materia de biodiésel tienen impacto global.
En 2025, el corte obligatorio demandó 700.000 toneladas de este biocombustible, cuando entre 2014 y 2019 se llevaba un millón de toneladas.
Y por medidas para-arancelarias de los Estados unidos y Europa, de un promedio de 1,3 millón de toneladas exportadas en el periodo mencionado, se cayó en 2025 a apenas 273.000.
De manera que vemos una industria languidecer, sin mercado externo y con un reducido mercado interno.
El proyecto oficial asume cuestiones trascendentales como la participación de cualquier tipo de empresa en el abastecimiento del corte y que los precios sean negociados en compulsa entre proveedores y compradores.
En este marco, la problemática surge en torno a las empresas que montaron sus plantas para satisfacer las exigencias de la primigenia Ley 26.093 y que ahora quedarían descalzadas frente a las emplazadas con la idea de exportar, de mucha mayor escala e integradas a la producción de aceite.
Esta situación puede tensionar el debate parlamentario y llevar la discusión a una vía muerta, si es que el oficialismo no junta los votos necesarios. Por eso, del laberinto hay que salir por arriba.
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Llevar el corte del biodiesel al 15% es ponerse en línea con el resto de los grandes países sojeros. Sería un win win en el cual la industria integrada podría participar del corte interno en paridad con las no integradas, permitiéndole a estas últimas mantener su 7,5% por un periodo de plazo que les permita invertir para tener una escala adecuada con la realidad del negocio.
Lógicamente, esta reconversión debería contar un apoyo crediticio para tal fin. Una propuesta así permitiría arribar a una solución “sin vencedores ni vencidos” porque lo verdaderamente problemático es continuar como estamos, con un corte muy bajo y una industria exportadora con las puertas cerradas.