La cadena láctea, la agroindustria en general y la sociedad argentina en su conjunto lamentan por estas horas una noticia que duele por su impacto no solo económico, sino por su relevancia en la memoria histórica nacional: la Justicia de Santa Fe declaró formalmente este miércoles la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada.
Se trata de un pedido que había hecho el propio Consejo de Administración de Sancor, al no poder encontrar una forma de conseguir los recursos para afrontar su abultada deuda, en el marco del concurso preventivo de acreedores que se había iniciado el año pasado.
La sentencia, firmada este 22 de abril de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, determina un triste desenlace de la cooperativa que tenía casi 90 años (fue fundada en 1938) y que llegó a ser la principal industria procesadora de lácteos del país, un verdadero orgullo de la agroindustria nacional.
No obstante, en las últimas dos décadas fue víctima de constantes malas decisiones financieras y desmanejos que incluyeron intervención política: lo más resonante ocurrió en 2006, cuando Sancor ya mostraba problemas y Adecoagro -la gigante argentina que recientemente adquirió las acciones de Profertil, entre otros negocios- hizo una oferta para adquirirla, pero terminó en un “salvataje” propuesto por el kirchnerismo a través de la venta de leche en polvo a Venezuela.
Pero el Gobierno de Hugo Chávez nunca pagó y desde entonces Sancor entró en un derrotero en el que ni siquiera la venta de muchas de sus mejores plantas logró evitar este lamentable desenlace.
En este contexto, la decisión judicial conocida en las últimas horas se fundamenta principalmente en la propia confesión del Consejo de Administración de SanCor, que el pasado 10 de abril manifestó formalmente al juzgado su imposibilidad de formular una propuesta de acuerdo concursal con sus acreedores, debido a la magnitud de su pasivo.
Los problemas financieros y de insolvencia estructural planteados en el fallo son varios:
Bajo este panorama, una pregunta es por qué no se habilitó al menos una posibilidad de “salvataje” o “cramdown”, como sucedió con el concurso de Vicentin: la respuesta es que la forma jurídica de cooperativa es incompatible con la transferencia de cuotas sociales a terceros y que, dada la magnitud de la deuda, no existía un “material salvable” que justificara prolongar el trámite.
En este contexto, a pesar de formalizar la quiebra, el magistrado dispuso la continuación transitoria de la explotación de aquellas plantas que aún mantienen actividad productiva, principalmente mediante contratos de “fazón” (procesamiento para terceros).
El objetivo de esta medida es doble: proteger los puestos de trabajo y evitar que las máquinas e instalaciones se deterioren, lo que permitiría obtener un mejor precio al momento de la venta.
El objetivo es que los activos queden en las mejores condiciones posibles para, una vez que se vendan, utilizar el producido para cubrir al menos parte de la deuda con los acreedores que, según lo dispuso la Justicia, tienen plazo hasta el 29 de mayo para presentarse a verificar sus deudas ante la sindicatura.
En concreto, respecto a los activos, lo que dispuso el juez es lo siguiente: