Aunque no lo difundió como un comunicado institucional, un testimonio de un productor porcino dado a conocer por la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) bien puede tomarse como un aval al reclamo que está formulando esa persona.
De hecho, la propia entidad lo reconoce en el final de la nota: “Desde la Rural de Río Cuarto se continúa acompañando y visibilizando la situación de las distintas producciones regionales, reafirmando la importancia del sector porcino como generador de empleo, arraigo y desarrollo para la economía local y regional”.
¿De qué se trata en este caso? Del lamento expresado por José Sebastián Carranza, de la Granja Prasata SA, en relación a la baja rentabilidad que presenta el sector en la actualidad y la preocupación por el alto flujo de importaciones que reduce aún más los precios del capón.
Según explicó Carranza, si bien la importación no reemplaza en su totalidad a la producción nacional, sí está afectando segmentos específicos del mercado.
“Están ingresando cortes puntuales desde Brasil a un menor costo, con menores aranceles, y eso impacta directamente en la fijación de precios del cerdo en pie argentino”, señaló.
Además, el productor recordó lo que a nivel local se considera una competencia desleal: en Brasil se utiliza ractopamina —una sustancia prohibida en Argentina— lo que otorga ventajas competitivas al productor brasileño y genera una asimetría en las condiciones de producción.
Vale mencionar que el problema no es común a toda la cadena, porque en general las ventas de carne porcina siguen firmes y en alza, y también la faena, debido al boom de consumo por un precio mucho menor al de los cortes vacunos.
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Sin embargo, hay que insistir en que el problema central radica en el valor que percibe el productor. “El pequeño y mediano productor hoy está muy justo. Se puede mantener la unidad productiva, pero no se puede crecer”, explicó Carranza.
Y agregó que la producción porcina es un negocio de volumen, por lo que la posibilidad de proyectar expansión resulta clave para sostener la rentabilidad.
En ese sentido, señaló que el precio de referencia del capón debería ubicarse en torno a los $2.500 para permitir no sólo cubrir costos, sino también planificar crecimiento.
No obstante, aclaró que cualquier recomposición debería ser escalonada, contemplando también el impacto en el consumidor y manteniendo la competitividad frente a otras carnes.
Bajo este panorama, Carranza planteó que el ingreso de carne importada debería ser más equilibrado y regulado, reconociendo que Argentina no alcanza a cubrir por sí sola la totalidad de la demanda interna.
No obstante, consideró que la apertura actual resulta “excesiva” y perjudica especialmente a los productores más pequeños.
Asimismo, sostuvo que resulta necesario avanzar en una reforma tributaria que alivie la carga impositiva del sector, particularmente en las escalas pequeñas y medianas, donde la estructura de costos es más vulnerable.
“El pequeño productor genera empleo directo e indirecto. Si la granja crece, crecen también los puestos de trabajo, el movimiento de fletes, la compra de cereal y toda la cadena asociada. Cuando el productor duda en seguir invirtiendo, se resiente todo ese entramado”, remarcó.
Por último, Carranza subrayó la importancia de que los productores se agrupen y comuniquen con mayor claridad la realidad que atraviesa el sector.
“Muchas veces al consumidor solo le llega que el precio sube, pero no se entiende todo el contexto que hay detrás. Es un combo que hay que explicar para que podamos salir adelante entre todos”, afirmó.