“Nada se parece tanto a la injusticia como a la Justicia que llega tarde”, es una de las tantas frases célebres del filósofo romano Séneca y que la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes eligió para graficar su desazón en torno a la falta de avances en el combate a la inseguridad rural.
Lo hizo para titular un duro comunicado en el que disparó fuertes críticas contra la Justicia en general, pero de manera particular contra un fiscal, por lo que considera “indiferencia” y “desidia” a la hora de abordar la problemática de los delitos en los campos que no cesan.
De acuerdo con la mirada del ruralismo correntino, el problema no es de la Policía, que está haciendo su trabajo investigativo, sino del resorte judicial, que no estaría avanzando con la misma celeridad.
La gota que rebasó el vaso para los productores de la provincia del NEA son cinco unidades de la Policía Rural que “se encuentran esperando, expuestas a las inclemencias del tiempo, una respuesta del fiscal Facundo Sotelo”, denunció la ASRC.
Según la Asociación, “están a la espera de las órdenes necesarias para poder continuar con el procedimiento de aprehensión de quienes cometen delitos”.
En ese sentido, lamentó: “Esta situación se vuelve particularmente preocupante, considerando que varios actores han incurrido en este tipo de delitos de forma reiterada. Este retraso no solo desalienta la labor de la Policía Rural, sino que también interfiere con la necesaria coordinación entre esta fuerza y la Fiscalía”.
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Por eso, la ASRC expresó “públicamente” su “preocupación y disconformidad ante la persistente falta de respuestas y acciones por parte del fiscal Facundo Sotelo en relación con los delitos rurales”.
“Estos son de público conocimiento porque han sido expresados por los medios y en conocimiento del fiscal general. Sus actitudes y decisiones parecen contradecir la necesidad de reprender el accionar delictivo que la sociedad demanda”, continuó la entidad.
Y enfatizó: “En una región que enfrenta hechos que requieren respuestas ágiles, especializadas y firmes, nos encontramos con un muro de indiferencia cada vez que la Policía Rural actúa en algún caso. Esta situación resulta en la dilatación de medidas judiciales que deberían resolverse con rapidez”.
Al respecto, las rurales correntinas dijeron que destacan, valoran y apoyan el trabajo de campo realizado por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, ex PRIAR, porque “las patrullas, controles y tareas de prevención han dado lugar a avances concretos a pesar de los escasos recursos disponibles”.
“Sin embargo, este compromiso se encuentra gravemente obstaculizado a la hora de judicializar los hechos”, insistieron.
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Por ello, “instamos a las autoridades correspondientes a verificar el accionar de quienes deben impartir justicia desde la fiscalía general, como así lo dispone la ley, y a restablecer una coordinación efectiva entre la justicia y las fuerzas de seguridad rurales”, reforzaron.
Porque, desde su punto de vista, “la seguridad rural no puede estar a merced de la desidia ni de decisiones unilaterales que debilitan el estado de derecho”.